Importación de gas de Chile: nada para ocultar
Por
Juan J. Aranguren
Martes
14 de junio de 2016
En su nota de opinión
titulada: "Aranguren: del tarifazo al sobreprecio", publicada por
Infobae el 08/06/16, el senador nacional Fernando E. Solanas comparte una serie
de opiniones que, como tales, están sujetas al debate público; pero también efectúa
una serie de afirmaciones que, al considerarlas carentes de veracidad, tengo la
obligación de refutarlas tanto en sede judicial -respondiendo cuando ésta me lo
reclame la denuncia penal que el senador formulara y de la cual todavía no he
sido notificado- como ante la opinión pública.
El
29 de febrero pasado el Ministro de Hidrocarburos y Energía del Estado
Plurinacional de Bolivia Ing. Luis Alberto Sánchez me envió un correo
electrónico para informarnos que Bolivia no iba a poder entregar los 19,9
millones de m3 por día de gas natural que establece el contrato que nos vincula
para el año 2016, ofreciendo 15,4 millones de m3/día para el primer semestre
del año y 19,0 millones de m3/día para el segundo semestre del año, solicitando
una dispensa para no afrontar las penalidades previstas en el contrato.
Ante
este panorama y un pronóstico de frío más severo que en años anteriores para
este invierno y dado que el gas producido en nuestro país no alcanza -desde
hace más de 10 años- a cubrir toda la demanda en el período invernal, decidimos
evaluar la posibilidad de diversificar la oferta energética importada, para así
limitar al mínimo posible el corte de suministro de gas natural a la industria,
lo cual fuera muy frecuente en años anteriores, aunque ocultado y minimizado
por las autoridades energéticas que nos precedieron.
Las
vías de importación de gas natural son limitadas. Adicionalmente al ingreso por
gasoducto del gas boliviano, contamos con un par de opciones de re-gasificación
de gas natural licuado (GNL) en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, cuya
capacidad se encuentra a pleno durante los meses de junio a agosto. Asimismo,
en invierno debemos recurrir a la importación de combustibles líquidos
(principalmente gasoil) para generar energía eléctrica en varias centrales
térmicas, liberando así gas natural para que se destine al abastecimiento
residencial y para el sector de transporte, como GNC.
Chile,
que también importa GNL como consecuencia de que Argentina dejó de exportarle
gas natural en la década pasada por caída de nuestra producción, tiene
capacidad ociosa en sus dos terminales de re-gasificación (Mejillones y
Quinteros) y sus autoridades, encabezadas por el Ministro de Energía Máximo
Pacheco, nos manifestaron oportunamente la voluntad de vendernos producto
previamente re-gasificado en las mismas.
Obviamente,
dicho producto fue ofrecido como disponible por su propietario, inicialmente
ENAP, y no cabía la posibilidad de licitarlo, ya que no existe más de un
proveedor posible para el gas proveniente de cada una de dichas terminales.
Menos aún en el contexto de la emergencia declarada en el sector energético de
nuestro país.
La
compra directa fue realizada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), una sociedad
anónima creada por iniciativa del presidente Kirchner en 2004, a la Empresa Nacional
de Petróleo de Chile (ENAP); la que, para el caso de la terminal de Mejillones,
actuó en representación de SolGas S.A.
No
obstante ello, aún para una compra del Estado, contrariamente a lo mencionado
por el senador Solanas, las normas de contratación prevén la compra directa en
este tipo de situaciones (Art. 25d inc. 3 y 5 del Dto. 1023/2001).
Estamos
comprando todo el gas natural que Bolivia pone en disponibilidad, por lo que
denunciar que se compró a Chile a un precio 128% superior al que corresponde
por contrato con Bolivia es una verdad planteada en forma maliciosa. Se acudió
al gas natural proveniente de Chile cuando ya no era posible contar con mayor
cantidad de gas de Bolivia que el que se estaba adquiriendo. Es decir, el senador
Solanas compara el precio de un bien disponible (gas de Chile) con el de un
bien que hoy no está disponible (gas adicional de Bolivia). En esa comparación
entre lo existente y lo inexistente, llega a su errada conclusión de
“sobreprecio”.
En
un análisis serio, sólo es posible comparar el precio de los distintos bienes
efectivamente disponibles, en este caso, superada la capacidad de entrega de
gas proveniente de Bolivia y la capacidad de nuestras terminales de
re-gasificación de GNL, las únicas opciones reales son el GNL re-gasificado en
Chile y el gasoil importado, utilizado en usinas de generación eléctrica en
remplazo de gas natural.
En
efecto, todo volumen adicional de gas natural que se pueda comprar remplaza al
combustible marginal que se quema en el invierno para generar energía eléctrica
(gasoil), cuyo costo es actualmente de 11,8 dólares por millón de BTU. Es decir
que la compra de gas a Chile se hace a un precio que es 40% inferior al del
combustible alternativo que remplaza, ahorrándole al país con esta operación
840 millones de pesos.
El
contrato de compra-venta de gas natural a Chile no es secreto ni tiene
cláusulas de "estricta confidencialidad" como dijo el senador
Solanas. Como en cualquier contrato comercial, existen cláusulas confidenciales,
pero eso no impide presentarlo ante cualquier requerimiento de las autoridades
administrativas y obviamente de las judiciales, tanto de Chile como de
Argentina, ya que el contrato mismo lo prevé. De hecho, los dos contratos
celebrados por el gas natural proveniente de Chile han sido ya enviados a la Justicia. El mismo
senador Solanas lo podría haber solicitado o consultado a este ministro, antes
de efectuar su rimbombante denuncia. Pero no lo hizo.
Paradójicamente,
aun con el volumen de gas natural importado de Chile, la semana pasada nos
vimos obligados a cortar el suministro de gas a las Industrias. Este es el
verdadero cuadro de emergencia energética que vive nuestro país y el compromiso
de nuestra administración es no ocultar la verdad y, en la medida de lo
posible, anticiparnos a los hechos para mitigar las consecuencias de las
políticas energéticas que nos llevaron a esta situación.
Por
último, ante las acusaciones de que Shell, quien fuera -como es público y
notorio- mi empleador hasta el 30/06/15 provee de GNL a las empresas chilenas
que posteriormente revendieron el gas natural a ENARSA, debe señalarse que
nuestros proveedores chilenos de gas natural (ENAP y SolGas) eligen sus
proveedores de GNL sin dar intervención ni información (y sin obligación alguna
de darla) a ENARSA, por lo que no conozco y además no interfiero, ni tengo
incidencia en la elección del proveedor por parte de las empresas radicadas en
el vecino país.
Toda
mi actuación desde el 10/12/15 ha sido encuadrada, y lo seguirá siendo mientras
sea ministro, en lo establecido por la ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública.
Durante mi actividad privada nunca tuve nada que ocultar y menos lo tendré
ahora, habida cuenta de mi decisión de participar de la función pública.
Lamento
profundamente las livianas acusaciones del senador Solanas. Sería hipócrita si
dijera que no me afecta. Luego de que presentara la denuncia penal
involucrándome, como así también al presidente de ENARSA, sin habérsenos
solicitado información alguna, lo llamé personalmente para ponerme a su
disposición y ofrecerle cualquier información que requiriera sobre la operación
que había denunciado. El senador aceptó el ofrecimiento y se acordó una reunión
en oficinas del ministerio para el 6 de junio a las 14 horas a través de
colaboradores de ambos. Lamentablemente, un día antes de la cita, el senador
Solanas canceló la reunión por intermedio del abogado co-denunciante, sin
permitirme el derecho a esclarecer sus dudas, derecho que en esta oportunidad
ejerzo.
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